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El crimen organizado: un análisis de derecho comparado
entre Ecuador y Colombia
Organized crime: a comparative law analysis between Ecuador and
Colombia
- Recibido: 2025/04/20 - Aprobado: 2025/05/20 - Publicado: 2025/05/31
Cristina Ximena Querembas Chilcañan
Universidad Indoamérica, Ambato, Ecuador
cquerembas@indoamerica.edu.ec
https://orcid.org/0009-0009-0831-2248
Vanessa Estefanía Medina Medina
Universidad Indoamérica, Ambato, Ecuador
vmedina6@indoamerica.edu.ec.
https://orcid.org/0000-0003-4376-6850
Resumen
La presente investigación tiene como objetivo fundamental analizar mediante la estructura de
derecho comparado el marco jurídico y las políticas públicas implementadas para combatir el
crimen organizado en Ecuador y Colombia, dos países que durante años han enfrentado diversos
desafíos significativos en esta materia. La investigación examina las diferencias y similitudes
desde una metodología cualitativa, correspondiente a la conceptualización legal del crimen
organizado como lo son también sus correspondientes configuraciones penales en cada uno de sus
códigos, las estructuras institucionales establecidas para su combate, y la efectividad de las
estrategias adoptadas en ambos países. Abordando desde lo más abstracto que es su evolución
histórica hasta el papel que influyen las fuerzas armadas para su combate, todo esto a través de
una metodología cualitativa misma que es basada en el análisis documental y en la revisión de
jurisprudencia relevante. Los resultados evidencian contrastes de naturaleza significativa de
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acuerdo con los enfoques adoptados: mientras Colombia ha desarrollado un marco normativo más
estricto debido a su prolongada lucha contra el narcotráfico y grupos armados ilegales, Ecuador ha
experimentado cierta evolución más reciente en su legislación con debida respuesta al incremento
de la violencia organizada dentro del país.
Palabras clave: Crimen organizado, Derecho penal comparado, Estructuras Criminales, Políticas
criminales, Cooperación judicial internacional.
Abstract
The main purpose and objective of this research is to analyse the legal framework and public
policies implemented to combat organised crime in Ecuador and Colombia, two countries that
have faced significant challenges in this area for years. The research examines the differences and
similarities in the corresponding legal conceptualisation of organised crime as well as the
corresponding penal configurations in each of their codes, the institutional structures established
to combat it, and the effectiveness of the strategies adopted in both countries. The study covers
from the most abstract aspects of its historical evolution to the role of the armed forces in
combating it, using a qualitative methodology based on documentary analysis and a review of
relevant jurisprudence. The results reveal contrasts of a significant nature according to the
approaches adopted: while Colombia has developed a stricter normative framework due to its
protracted fight against drug trafficking and illegal armed groups, Ecuador has experienced a more
recent evolution in its legislation in response to the increase in organised violence within the
country.
Keywords: Organised Crime, Comparative Criminal Law, Criminal Structures, Criminal Policy,
International Judicial Cooperation.
Introducción
El crimen organizado representa uno de los fenómenos más complejos y desafiantes en la
actualidad para los Estados contemporáneos, particularmente dentro del contexto latinoamericano.
La región andina, específicamente en lo que compete a Ecuador y Colombia, estos dos países
configuran un paisaje paradigmático para comprender la evolución, transformación y respuesta
institucional frente a estas estructuras criminales trasnacionales.
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La investigación desarrollada expone un análisis de naturaleza comparativa profunda misma que
va más allá de una simple descripción, sino que también busca desentrañar las dinámicas
específicas que se han configurado en el desarrollo del crimen organizado en lo que compete a
estos dos países vecinos, con historias y contextos sociopolíticos significativamente diferentes
pero interconectados.
Históricamente, Colombia y Ecuador han experimentado diversas trayectorias divergentes en
relación con el fenómeno criminal. Colombia a su vez está marcada por el conflicto armado,
narcotráfico que ha sufrido por varios años, con esto desarrolló estructuras criminales complejas
mismas que transformaron radicalmente su tejido social y político. Los grandes carteles como lo
eran el de Medellín y Cali en los años 70 y 80 representaron los primeros estadios de
organizaciones criminales sofisticadas con capacidades de infiltración institucional y control
territorial. En contraste con Ecuador el cual mantuvo un perfil criminal de bajo impacto, esto a la
vez funcionando principalmente como zona de tránsito para el narcotráfico internacional. Sin
embargo, en las dos últimas décadas particularmente desde el 2010, el país ha experimentado cierta
transformación de manera acelerada, pasando de ser un corredor logístico a convertirse en un hub
criminal con organizaciones delictivas de carácter más complejo y violento.
El estudio propone analizar esta evolución a través de múltiples dimensiones, como el marco
jurídico, las modalidades delictivas predominantes, así mismo como la respuesta institucional, la
infiltración política y el papel que recae sobre las fuerzas armadas en el combate del crimen
organizado. Esta aproximación metodológica permite comprender de cierto modo no sólo los
aspectos formales, sino que también las diferentes dinámicas subyacentes en las que se configura
el fenómeno criminal.
La presente investigación utiliza una metodología cualitativa la misma que se basa
fundamentalmente en el análisis documental, la revisión de la jurisprudencia de carácter relevante
como lo es también el estudio comparado de legislaciones, constituyendo así un aporte
significativo para comprender a profundidad las particularidades del crimen organizado en la
región andina.
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Entre los hallazgos más relevantes, el estudio destaca la divergencia en los marcos normativos.
Colombia ha desarrollado un sistema legal jurídico mapas robusto y flexible, particularmente en
torno a la figura del concierto para delinquir, mientras que Ecuador se mantiene con un enfoque
más neutro y estructural reciente en la tipificación del crimen organizado.
Esta investigación no solo ofrece la vista de un panorama comprensivo del crimen organizado en
Ecuador y Colombia, sino que proporciona aprendizajes valiosos para el desarrollo de futuras
respuestas que sean más efectivas frente a este fenómeno criminal que ha evolucionado y lo seguirá
haciendo.
Desarrollo
Evolución histórica de las estructuras criminales
La evolución de las estructuras criminales tanto en Ecuador como en Colombia plasma unos de
los desafíos más característicos dentro de la materia de la seguridad regional en lo concerniente a
América Latina.
Como lo manifiesta Rivera Vélez y Torres Gorena (2021) argumenta que la evolución histórica de
las estructuras criminales en Ecuador y Colombia presenta patrones distintivos que reflejan las
realidades sociopolíticas particulares de cada nación.
Colombia en cierto modo experimentó una evolución que fue marcada por tres etapas específicas.
La primera, regida desde la década de los años 70’s a los 80’s, la cual se caracteripor la emersión
de los grandes y sonados carteles de la droga, particularmente conocidos como el cartel de
Medellín y el cartel de Cali. El origen de estas nuevas estructuras criminales en Colombia dio paso
para las nuevas formaciones de grupos delictivos al margen de la ley mismo que se dedicaban no
solo al narcotráfico, sino que también a la extorsión, robo, secuestro, etc.
Como características principales de esta primera etapa tenemos:
Los carteles de Medellín y Cali sobresalieron como aquellas estructuras criminales
sumamente organizadas quienes contaban con cierta capacidad de control de toda la cadena
del narcotráfico.
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Desarrollaron ciertos sistemas sofisticados de corrupción a nivel institucional y violencia
de manera selectiva.
Los grupos armados irregulares como las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia) y otros grupos guerrilleros empezaron a involucrase en el narcotráfico,
obteniendo así beneficios de financiamiento para su “lucha”.
En Ecuador para esas décadas se mantuvo un contraste significativo a comparación con Colombia,
ya que históricamente contó con un perfil bajo con relación a estructuras criminales organizadas,
no siendo esto hasta sus inicios del siglo XXI. En las décadas de los años 80´s y 90´s el país solo
se utilizaba como zona de tránsito para el contrabando y narcotráfico proveniente de Colombia.
Hoy en la actualidad es otro concepto, ya que Ecuador desde los años 2010, se ha visto
inmerso en estructuras criminales, dándose paso también al narcotráfico en cooperación
con Colombia y México, es decir que en tan solo quince años Ecuador ha evolucionado de
una forma significativa y acelerada, ya que al comparar la evolución criminal de ambos
países Colombia experimentó cierta evolución temprana en relación con sus estructuras
criminales complejas. (Velasco-Andrade y Ruiz, 2023, p. 167)
Se puede decir que, Colombia hoy en día a comparación de sus inicios ha disminuido
significativamente mientras que Ecuador en tan solo quince años ha sobrepasado a Colombia en
un lapso de tiempo muy corto, teniendo bandas delictivas sumamente reconocidas como son los
choneros grupo delictivo dedicado al narcoterrorismo, secuestros, y asesinatos, teniendo como
sedes principales los centros penitenciarios ecuatorianos, por otra parte el grupo comandos de la
frontera que rigen en la zona norte del país, es un grupo delictivo asociados al narcotráfico y al
terrorismo, su presencia es activa en provincias como esmeraldas, Carchi, y Sucumbíos. Hoy en
día estos grupos se encuentran en una guerra interna dentro del país por territorio.
Como características principales de la evolución historia criminal de Ecuador tenemos:
Surgimiento de nuevas organizaciones criminales locales con carácter sofisticado
Infiltración de grupos criminales transnacionales
Establecimiento de nexos con carteles mexicanos y colombianos
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Incremento de violencia asociada con el crimen organizado
La diversificación hacia actividades como la minería ilegal y el tráfico de personas
Entre los factores s importantes que han influido estas trayectorias en ambos países se destacan
los siguientes:
Capacidad institucional: Colombia amplió de forma temprana sus instituciones de naturaleza
especializada en la lucha contra el crimen organizado, a diferencia de Ecuador que se tuvo que
adaptar a sus estructuras más recientes.
Contexto geopolítico: La ubicación geográfica y por ende estratégica de ambos países influyeron
en su rol dentro de las redes transnacionales, con Colombia como punto de producción y Ecuador
como zona de tránsito y lavado de activos.
Respuesta estatal: Colombia implementó estrategias de carácter más agresiva y sostenidas en
contra del crimen organizado, mientras que Ecuador ha debido actualizar rápidamente y de forma
constante sus políticas públicas ante la evolución desenfrenada del fenómeno reciente.
Esta interrelación ha resultado del fenómeno criminal en ambos países, requiriendo respuestas
cada vez s coordinadas y sofisticadas por parte de las autoridades. La evolución histórica
demuestra que, si bien las estructuras criminales en Ecuador y Colombia han seguido trayectorias
distintas, existe una tendencia hacia la convergencia en términos de complejidad organizativa y
capacidad operativa
Modalidades y tipologías delictivas predominantes en los casos de crimen organizado
Las modalidades y tipologías de naturaleza delictiva tanto en Colombia como en Ecuador muestran
una serie de patrones de naturaleza común al igual que ciertas diferencias de carácter significativo.
Mientras que Colombia ha experimentado de cierto modo una evolución en sus diferentes
estructuras criminales debidamente influenciadas tanto por el narcotráfico como por el conflicto
interno armado, Ecuador se ha sumergido en una transformación de cierto modo apresurada, ya
que pasó de ser un país de tránsito para el crimen organizado a uno con más presencia criminal de
naturaleza violenta en América Latina.
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“La comprensión de estas modalidades y tipologías es fundamental para gestionar un desarrollo
óptimo de estrategias que sean efectivas tanto para su prevención como para su combate ante el
crimen organizado, requiriendo así de cierto enfoque coordinado y cooperación binacional.”
(Mantilla-Valbuena, S., & Martínez-Rodríguez, 2021, p. 60)
El crimen organizado en Ecuador y Colombia presenta características distintivas, pero también
patrones comunes, influenciados por factores geográficos, socioeconómicos y políticos
compartidos. Estas son las principales modalidades y tipologías delictivas que predominan en
ambos países:
El Narcotráfico
El narcotráfico representa unas de las actividades criminales predominantes en ambos países,
aunque con roles diferenciados. “Colombia mantiene su posición como principal productor de
cocaína en la región, con una producción estimada de 1.40 toneladas métricas anuales.”
(UNODOC, 2023). De acuerdo con esto se ha comprobado que las redes criminales se han
desarrollado redes sofisticadas para su producción y distribución a nivel internacional.
Al ser este una de las tipologías más populares dentro del contexto colombiano, es considerado
rentable debido a su exportación a otros países como lo Estados Unidos, España, México, y gran
parte de Asía, llegando a costar el kilogramo de cocaína alrededor de dos mil a 4 mil dólares,
cuando su producción cuesta menos del 20% del precio internacional. Unas de las formas más
comunes de exportación hablando en si de modalidades son el uso de personas denominadas
“mulas” dentro de esta actividad, también mediante embarcaciones pesqueras e incluso
submarinos.
Por otra parte, en Ecuador, como se había mencionado anteriormente es considerado una ruta de
tránsito, sin embargo, en los últimos años también se ha sumado a la lista de unos de los países
que produce cocaína. Los puertos marítimos de Guayaquil se han convertido en unos de los puntos
claves y estratégicos para su distribución de drogas a Europa y Norteamérica. “El incremento en
las incautaciones de drogas en puertos marítimos ecuatorianos, refleja la creciente importancia del
país en las rutas del narcotráfico global” (Moreno-López y Sánchez, 2022, p. 156).
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Esta tipología delictiva en ecuador se encuentra contemplada dentro del Código Orgánico Integral
Penal (
1
COIP) en su capítulo tercero, sección segunda, Art. 219 y 220 en donde manifiesta que:
Producción ilícita de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización. - La persona que directa
o indirectamente sin autorización y requisitos previstos en la normativa correspondiente:
1. Produzca, fabrique, extraiga o prepare, sustancias estupefacientes, psicotrópicas o
preparados que las contengan, será sancionada con pena privativa de libertad de siete a diez
años 2. Produzca, fabrique o prepare precursores y químicos específicos destinados a la
elaboración ilícita de sustancias estupefacientes y psicotrópicas o preparados que las
contengan, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años. (Código
Orgánico Integral penal, 2021, Art. 219)
El código penal colombiano en su ley 599 del 2000, en donde en un solo artículo, se especifica por
nombres, cantidad, destino, la fabricación y expendio de estas sustancias.
El que sin permiso de autoridad competente, introduzca al país, así sea en tránsito o saque
de él, transporte, lleve consigo, almacene, conserve, elabore, venda, ofrezca, adquiera,
financie o suministre a cualquier título sustancia estupefaciente, psicotrópica o drogas
sintéticas que se encuentren contempladas en los cuadros uno, dos, tres y cuatro del
Convenio de las Naciones Unidas sobre Sustancias Sicotrópicas, incurrirá en prisión de
ciento veintiocho (128) a trescientos sesenta (360) meses y multa de mil trescientos treinta
y cuatro (1.334) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes…
(Código Penal, Ley 599 del 2000, Art. 376)
Al contrario, mientras que en Ecuador se rige por una Tabla de Cantidad de Sustancias
Estupefacientes y Psicotrópicas para sancionar el tráfico ilícito, Colombia la implementa
directamente en su norma penal, siendo específica y directa, además que se establece por nombres
de las sustancias, tanto como, cocaína, marihuana, amapola, entre otras, tanto así que también se
especifica las que son de origen sintético.
1
Asamblea Nacional del Ecuador. (2014). Código Orgánico Integral Penal (COIP). Registro Oficial No. 180., COIP.
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Tabla No. 1: Tablas de cantidades de sustancias estupefacientes y psicotrópicas
SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES
Escala
(gram
os)
Peso
neto
Heroína
Pasta base de
cocaína
Clorhidrato de
cocaína
Marihuana
Máximo
Mínimo
Máxi
mo
Míni
mo
Máximo
Mínim
o
Máxi
mo
Mínim
a
escala
0,1
>0
2
>0
1
>0
20
Media
na
escala
>0,2
>2
50
>1
50
>20
300
Alta
escala
20
>50
2.00
0
>50
5.000
>300
10.000
Gran
escala
>2.000
>5.0
00
>10.00
0
SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS
Escala (gramos)
Peso neto
Anfetaminas
Metilendioxifenetilamína
(MDA)
Éxtasis
(MDMA)
Mínimo
Máximo
Mínimo
Máximo
Míni
mo
Máxi
mo
Mínima escala
>0
0,090
>0
0,090
>0
0,090
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SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES
Mediana escala
>0,090
2,5
>0,090
2,5
>0,0
90
2,5
Alta escala
>2,5
12,5
>2,5
12,5
>2,5
12,5
Gran escala
>12,5
>12,5
>12,
5
Fuente: Resolución 001-CONSEP-CD-2015
Tanto en los dos países se contempla la pena privativa de libertad por la fabricación o expendio de
sustancias psicotrópicas, con la diferencia en que la pena mínima en ecuador es de 1 a 3 años de
prisión y la máxima de 10 a 13 años, y en Colombia se la contempla por meses siendo la mínima
de 64 meses que corresponde a 5 años y 33 semanas, y la xima es de 360 meses siendo 30 años,
obteniendo un resultado comparativo muy notable en relación a la punibilidad penal de estos
delitos en ambas legislaciones.
Extorsión y secuestro
Estas modalidades delictivas presentan ciertos patrones distintivos en cada país. En Colombia, la
extorsión ha evolucionado desde las grandes operaciones que realizan los grupos guerrilleros
dirigidos hacia esquemas más urbanos y focalizados.
Según Rivera García en su obra, la evolución de la extorsión en Colombia: del conflicto armado a
la criminalidad urbana, manifiesta que, “las organizaciones criminales han adoptado un modelo de
micro extorsión que afecta principalmente a pequeños comerciantes y a empresarios locales”
(Rivera, García, 2023)
Si bien es cierto como lo hemos mencionado en líneas anteriores, Colombia al tener un pasado
oscuro en relación con el crimen organizado a implementado medidas sancionadoras fuertes para
quienes acudan a la realización de estos actos de violencia, es el caso que dentro de la legislación
penal colombiana el tema del secuestro y la extorsión se fusionan para articular dos tipos penales
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los cuales son el secuestro simple y el extorsivo, entendiéndose que el simple “se atribuye cuando
el propósito no es el dinero, arrebate, sustraiga u oculte a una persona” (Ley 599 del 2000). Por
otro lado, la fusión del secuestro extorsivo manifiesta que:
El que arrebate, sustraiga, retenga u oculte a una persona, con el propósito de exigir por su
libertad un provecho o cualquier utilidad, o para que se haga u omita algo, o con fines
publicitarios o de carácter político, incurrirá en prisión de trescientos veinte (320) a
quinientos cuatro (504) meses y multa de dos mil seiscientos sesenta y seis punto sesenta
y seis (2.666.66) a seis mil (6.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Igual pena
se aplicará cuando la conducta se realice temporalmente en medio de transporte con el
propósito de obtener provecho económico bajo amenaza. (Ley 599 del 2000, Art. 169)
Estas dos tipologías penales del secuestro se encuentran expresas de la misma forma en el COIP
(Código Orgánico Integral Penal), teniendo de la misma manera la figura del secuestro simple y
del extorsivo contemplados en el Art. 161 y 162 del mismo cuerpo legal, diferenciados por la
punibilidad penal, ya que de acuerdo con el código penal colombiano la pena mínima del secuestro
es desde los 16 años hasta los 42 si este llegase a incurrir de simple a extorsivo. Mientras que en
Ecuador la pena mínima es de 5 años y la máxima de 13 años si se lleva a incurrir las causales
previstas en su cuerpo legal.
Mientras tanto la extorsión se configura como otro tipo penal dentro de ambas legislaciones, con
la diferencia que en Colombia la abordan desde un punto de vista general mas no específico como
lo hace nuestro ordenamiento penal, ya que de que de acuerdo con el Art. 185 del Código Orgánico
Integral Penal, se considera algunas circunstancias agravantes para que la punibilidad se contemple
con la pena máxima que es de cinco a siete años.
Cabe hacer énfasis que en Ecuador se ha visto un incremento en relación con las extorsiones, ya
que se conocen coloquialmente como las “vacunas” en donde grupos delictivos cobran una cierta
cantidad de dinero a los dueños de negocios, para su “proteccióna favor de ese aporte de dinero
no atentan contra la integridad de su negocio como también la personal o familiar. Por tal motivo
es correcto decir que en Ecuador se prevé un fuerte normativo en contra de estos actos.
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Respuesta Institucional y Marco Legal
De acuerdo con los antecedentes que ha tenido a lo largo de la historia estos dos países vecinos,
como lo son Ecuador y Colombia, cada uno de ellos ha implementado de cierta forma una respuesta
institucional para poder combatir el crimen organizado, contando así con algunas diferencias
significativas como lo son tanto en su desarrollo, implementación y efectividad.
En el Marco Legal Colombiano, Colombia se ha caracterizado significativamente por su marco
normativo robusto, producto obviamente de su pasada naturaleza social criminal del país que
enfrentó durante décadas. “La evolución legislativa colombiana manifiesta un proceso de
adaptación continua frente a las mutaciones del fenómeno criminal.” (Velásquez Romero, 2022,
P. 67). Entre los principales instrumentos legales incluyen:
1. Ley 1908 de 2018, esta ley fortalece la investigación y judicialización de aquellas
organizaciones de carácter criminal, y a la vez regula las herramientas de naturaleza
investigativa.
2. El Código Penal (Ley 599 del 2000), configura las acciones penales y penaliza las mismas,
es decir que, constituye una herramienta de justicia para sancionar penalmente a los
responsables directos o indirectos de algún delito.
3. Ley de Extinción de Dominio (Ley 1708 de 2014), esta ley es relevante dentro de la lucha
del crimen organizado, ya que la misma proporciona herramientas efectivas para atacar de
forma directa las estructuras económicas criminales dentro del crimen organizado, unos de
los ejemplos claros que se han evidenciado en Colombia es la expropiación.
Ahora bien, dentro de la estructura institucional colombiana se tiene unidades bien estructuradas
las cuales son; La Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL (DIJIN); Dirección Nacional
de Fiscalías Especializadas contra el Crimen Organizado; Unidad Nacional de Inteligencia
Financiera y Económica y; La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF). Todas estas
unidades se complementan entre sí con la finalidad de apañar el crimen organizado.
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Por otra parte, dentro del Marco Legal Ecuatoriano, tenemos que, la legislación ecuatoriana ha
debido de adaptarse rápidamente ante el incremento de la actividad criminal organizada.”
(Morales, Andrade, 2023, P. 123). Dentro de los principales instrumentos tenemos:
1. Código Orgánico Integral Penal (COIP), mismo el cual tipifica los delitos de la
delincuencia organizada atribuyendo penas condenatorias y de rehabilitación de carácter
específicas.
2. Ley Orgánica de Prevención de Lavado de Activos, la cual establece disposiciones
específicas para controlar el sistema financiero.
3. Ley de Seguridad Pública y del Estado, la cual define como marco de actuación estatal e
institucional en relación a materia de seguridad.
De acuerdo con la organización estructural institucional ecuatoriana se cuenta con las siguientes:
Unidad de lavado de activos de la Policía Nacional; Unidad de Inteligencia Financiera; Fiscalía
Especializada en Delincuencia Organizada Transnacional y; Dirección Nacional de
Antinarcóticos.
Ya expuestas las debidas respuestas dentro del marco legal e institucional de ambos países dentro
del contexto de la lucha contra el crimen organizado, se puede evidenciar claros contrastes
significativos entre ellos, como, por ejemplo, La capacidad operativa que presenta Colombia de
acuerdo a la especialización de los recursos técnicos, a comparación que en Ecuador está en
proceso de fortalecimiento de las capacidades operativas. De acuerdo con la Coordinación
Interinstitucional, “la experiencia colombiana demuestra una mayor madurez en los mecanismos
de coordinación entre agencias estatales.” (Ramírez, González, 2023, P. 45).
El Crimen Organizado en Ecuador y el Concierto para delinquir en Colombia
El crimen organizado en el Ecuador, está previsto dentro de la figura o tipificación penal en su
Código Orgánico Integral Penal (COIP) en su Art. 369, el cual nos expresa lo siguiente:
La persona que mediante acuerdo o concertación forme un grupo estructurado de dos o
más personas que, de forma permanente o reiterada, financien de cualquier forma, ejerzan
el mando o dirección o planifiquen las actividades de una organización delictiva, con el
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propósito de cometer uno o más delitos sancionados con pena privativa de libertad de más
de cinco años, que tenga como objetivo final la obtención de beneficios económicos u otros
de orden material, será sancionada con pena privativa de libertad de siete a diez años.
(Código Orgánico Integral Penal, 2014, art. 369)
Si bien es cierto dentro del marco legal ecuatoriano se lo reconoce al crimen organizado bajo la
tipificación de “Delincuencia Organizada”, a diferencia de Colombia cuya tipificación recae con
el nombre de “Concierto Para Delinquir”, dos figuras penales cuyos nombres son diferentes pero
cuyo significado y aplicación penal es casi similar. Es por ello que Valencia señala que, “las
diferencias en el abordaje legal responden a las diferentes particularidades de carácter histórico y
contextuales de cada país.” (Valencia, 2022, P. 34).
En lo que concierne dentro del caso ecuatoriano, el marco normativo se ha ido desarrollando de
forma s reciente, como lo es adaptándose a las nuevas realidades criminales. De acuerdo con
Rivera - Velez (2023) argumenta que, es por ello que la legislación ecuatoriana de cierta forma
adopta un enfoque que se centra en priorizar la identificación de estructuras de naturaleza criminal
permanentes y jerarquizadas, estableciendo así como elementos fundamentales de este delito; la
estructura mínima de dos o más personas, su permanencia temporal, la división de tareas y roles
dentro de ellas, las actividades delictivas previamente organizadas y planificadas y por último la
finalidad del beneficio económico o material que se obtenga de aquellas.
Por otro lado, dentro del marco jurídico colombiano el concierto para delinquir toma relevancia
como una herramienta central contra el crimen organizado. Esta herramienta es un enfoque que ha
sido producto de décadas de experiencia en la lucha contra aquel, por lo que de acuerdo con Gómez
- Restrepo (2022), manifiesta que, de cierta forma el desarrolla jurisprudencial que ha tenido
Colombia ha permitido una aplicación más flexible y efectiva entorno a su tipo penal, adaptándose
así a las diversas manifestaciones del crimen organizado.
En lo que corresponde dentro de la legislación penal colombiana, se define al concierto para
delinquir como “Cuando varias personas se concierten con el fin de cometer delitos, cada una de
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ellas será penada, por esa sola conducta, con prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento ocho (108)
meses.” (Ley 599 del 2000, art. 340).
Esta Primera parte tiene una semejanza directa con lo que expresa el COIP, sin embargo, mientras
la legislación penal ecuatoriana manifiesta en su tipificación una singularidad general y vaga, el
código penal colombiano lo hace de forma detallada como se lo prevé a continuación:
Cuando el concierto sea para cometer delitos de genocidio, desaparición forzada, tortura,
desplazamiento forzado, tráfico de niñas, niños y adolescentes, trata de personas, del tráfico
de migrantes, homicidio, terrorismo, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, drogas
tóxicas o sustancias sicotrópicas, secuestro, secuestro extorsivo, extorsión,
enriquecimiento ilícito, lavado de activos o testaferrato y conexos, o financiación del
terrorismo y de grupos de delincuencia organizada y administración de recursos
relacionados con actividades terroristas y de la delincuencia organizada, ilícito
aprovechamiento de los recursos naturales renovables, contaminación ambiental por
explotación de yacimiento minero o hidrocarburo, explotación ilícita de yacimiento minero
y otros materiales, y delitos contra la administración pública o que afecten el patrimonio
del Estado, la pena será de prisión de ocho (8) a dieciocho (18) años y multa de dos mil
setecientos (2.700) hasta treinta mil (30.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
(Ley 599 del 2000, art. 340)
Partiendo de esta diferencia fundamental entre ambos sistemas se puede decir que el mismo radica
en su aproximación conceptual y probatoria, es por ello que Morales - Castro (2023) argumenta
que, mientras Ecuador requiere la demostración de forma fehaciente de una estructura de carácter
criminal, formal con jerarquías y roles previamente definidos, el sistema colombiano se centra en
el acuerdo criminal como elemento fundamental, por lo que facilita la persecución penal, pero a la
vez puede presentar desafíos en términos de garantías procesales y derechos fundamentales como
lo es el debido proceso.
En términos de efectividad procesal, ambos sistemas jurídicos presentan fortalezas y debilidades.
Velasco - Andrade señala que, “la experiencia comparada demuestra que el éxito en la persecución
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del crimen organizado depende más de la capacidad institucional y la voluntad política que de la
configuración específica del tipo penal” (Velasco, Andrade, 2023, P. 89)
De acuerdo con esto se puede evidenciar que la figura del tipo penal en Colombia denominado
“concierto para delinquir” es de cierta forma más precisa a comparación con su homólogo vecino
Ecuador, por lo que esta tipificación recae con mayor fuerza y tenacidad bajo la normativa penal
colombiana.
Vínculos entre Grupos Criminales y el Sistema Político
La infiltración del crimen organizado dentro de las estructuras políticas representa uno de los
desafíos más complejos que enfrentan tanto Ecuador como Colombia, de acuerdo con Ramírez -
Ortiz (2023) señala que, la penetración de la influencia criminal dentro del sistema político no solo
compromete la institucionalidad democrática, sino que también la dificulta de forma significativa
en la lucha contra el crimen organizado.
El caso dentro del contexto ecuatoriano ha experimentado una transformación creciente y
significativa en lo que va de los últimos diez años, esto a su vez con un incremento notable en los
intentos de las organizaciones criminales por establecer ciertos regímenes o vínculos con el sistema
político. De acuerdo con un análisis detallado de Moreno - Castro y Torres expresa que:
La evidencia reciente sugiere cierto incremento de carácter significativo en los diversos
intentos de las organizaciones criminales por establecer vínculos con diversos actores
políticos locales y nacionales, esto sucede particularmente en zonas costeras y fronterizas
donde el control estatal es más débil. (Moreno, Castro y Torres, 2023, P. 167)
Esta situación se ha demostrado principalmente a través de ciertos financiamientos electorales
irregulares, la captación de funcionarios públicos y las amenazas a diversas autoridades que se
resisten a la influencia criminal, llegando en muchos casos a atentar contra su vida o la de su
familia.
Colombia, por su parte, ha presentado un escenario de naturaleza más compleja y evolutiva, misma
la cual es producto de su historia ante el enfrentamiento al conflicto armado interno y narcotráfico.
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Con relación a esto Valencia - Gutiérrez (2022) expresan que, la evolución histórica de los vínculos
entre criminales y la política en Colombia ha dado lugar a un fenómeno llamado la “parapolítica
o a su vez narcopolítica.
Discusión
De acuerdo con este análisis comparado del crimen organizado entre Ecuador y Colombia revela
hallazgos significativos en múltiples dimensiones. Como señala Martínez - Valencia (2023) la
significativa evolución diferenciada del fenómeno criminal en ambos países ha creado respuestas
a nivel institucional y marco legislativo con características distintivas. Esta investigación
demuestra que las diferencias en las respuestas a nivel institucional y normativa reflejan no solo
diferentes tradiciones jurídicas, sino que también diferentes capacidades estatales y experiencias
históricas en su enfrentamiento.
En lo que respecta dentro del ámbito legal, los resultados claramente evidencian que Colombia ha
desarrollado un marco jurídico normativo más robusto como lo es su código penal denominado
ley 599 del 2000 y la Ley 1908 de 2018, por lo que podría decirse que es más flexible en torno a
la figura del concierto para delinquir que en ecuador, ya que en contraste con Ecuador ha
mantenido un enfoque de naturaleza más estructural en lo que concierne a su tipificación del
crimen organizado.
La investigación revela que las modalidades de naturaleza predominante delictiva muestran ciertos
rasgos o patrones de convergencia entre ambos países, aunque con diferencias significativas en su
manifestación e intensidad. De acuerdo con Morales - Castro (2023) expresa que, mientras el
narcotráfico mantiene su posición como la actividad criminal dominante, se observa un punto de
diversificación hacia otras modalidades, como lo es la extorsión, el lavado de activos entre otras,
mismas que aprovechan las vulnerabilidades específicas de cada jurisdicción.
Un hallazgo particularmente relevante se relaciona con la infiltración criminal dentro de los
sistemas políticos. Esta investigación demuestra que Colombia ha desarrollado ciertos
mecanismos de control y prevención, mismos que fueron productos de su experiencia histórica
con fenómenos como lo es la parapolítica y narcopolítica.
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Ahora bien, el papel que han realizado las fuerzas armadas en el combate al crimen organizado
emerge de cierto modo como un elemento crucial que asemejan ambos países, aunque con
aproximaciones diferentes. “La militarización de la seguridad pública, aunque debatida desde el
punto de vista de los derechos humanos, parece haberse consolidado como una respuesta inevitable
frente al aumento de la violencia criminal y la reciente complejidad de las organizaciones
delictivas.” (Velasco, Andrade, 2023, P. 234). Los resultados sugieren que esta tendencia de cierta
forma continuará, requiriendo así ajustes doctrinales y operativos significativos tanto como en
Ecuador y Colombia.
La cooperación bilateral surge como una herramienta fundamental para contraponer efectivamente
al crimen organizado transnacional. Los descubrimientos que indican que la armonización
normativa, tanto como el intercambio de inteligencia y operaciones organizadas y coordinadas son
áreas críticas que requieren el fortalecimiento. Gomez - Rivera (2023) enfatiza que, tanto la
efectividad del combate del crimen organizado transnacional dependerá significativamente de la
capacidad de ambos estados para coordinar sus respuestas y compartir información de forma
oportuna.
De acuerdo con esta investigación se ha revelado inequívocamente que la situación dentro del
contexto de capacidad institucional para el combate en contra del crimen organizado, Colombia
lleva la delantera en términos de respuestas y resultados de aquellas herramientas utilizadas para
el combate del mismo como lo han sido la aplicación severa de la norma penal en relación a
crimines que atenten contrala sociedad, a diferencia con Ecuador, que lastimosamente no ha tenido
un avance significativo en relación a sus resultados de acuerdo a sus herramientas utilizadas en
contra de este fenómeno social, el cual ha evidenciado que hasta la actualidad la violencia que se
vive dentro de ecuador ha ido aumentando de forma significativa teniendo atentados a
presidenciables, persecuciones narcopolíticas, terrorismo, desapariciones forzadas y masacres, a
comparación con su país vecino Colombia que en la última década ha disminuido.
De acuerdo con los resultados obtenidos de esta investigación, sugieren que la efectividad en el
combate en contra del crimen organizado no depende de forma exclusiva a los marcos legales
robustos, sino de la capacidad a nivel institucional para implementarlos y de la voluntad política
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para de cierta forma mantener ciertas estrategias obtenidas. La experiencia comparada entre
Ecuador Y Colombia ofrece aprendizajes valiosos para el desarrollo de respuestas más efectivas
en contra de este fenómeno criminal transnacional.
Conclusiones
El estudio se evidencia que, a comparación con Colombia, Ecuador se encuentra
peligrosamente retrasado en torno a sus respuestas ante la oleada de delincuencia
organizada que ha surgido en la última década, por lo tanto se concluye que la legislación
penal que gira en torno a Colombia es más contundente en relación a causa y efecto de los
crímenes debidamente tipificados, y que lastimosamente Ecuador no cuenta con estas
medidas para el combate efectivo de la lucha, ya que el Código Orgánico Integral Penal, lo
tipifica de manera estructurada existiendo vacíos o lagunas jurídicas apelables a favor de
la delincuencia organizada.
En ambos países se puede identificar ciertos patrones delictivos similares, pero con ciertas
diferencias de intensidad. El narcotráfico continúa siendo una de las actividades delictivas
predominantes, con Colombia manteniendo su rol como principal productor de cocaína y
Ecuador evolucionando de una zona de tránsito a ser un hub logístico. De igual forma se
observa una diversificación criminal hacia la extorsión, y lavado de activos, en Ecuador
los fenómenos como las “vacunas” (extorsiones a negocios locales) y el incremento de
tráfico de armas en zonas fronterizas, como lo son esmeraldas, carchi, y sucumbíos
evidencian esta transformación delictiva.
La investigación concluye con que la posible efectividad en contra del crimen organizado
dependerá más de la capacidad a nivel institucional y la voluntad política que de marcos
jurídicos robustos. Colombia muestra una madurez a nivel institucional misma que fue
adaptándose producto de décadas de enfrentamiento al crimen, con unidades especializadas
como DIJIN, Fiscalías Especializadas y Unidades de Inteligencia Financiera. Por otra
parte, Ecuador está en una fase de adaptación rápida de sus instituciones ante la evolución
acelerada del fenómeno criminal.
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