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Desafíos y avances en la protección constitucional de las personas
con VIH en Ecuador: un análisis desde la perspectiva de derechos
humanos
Challenges and advances in the constitutional protection of people
living with HIV in Ecuador: an analysis from a human rights
perspective
- Recibido: 2025/09/08 - Aprobado: 2025/10/08 - Publicado: 2025/10/24
Gilda Nayeli Ortega Diaz
Universidad Tecnológica Indoamérica, Ambato, Ecuador
gortega4@indoamerica.edu.ec
https://orcid.org/0009-0004-0212-9665
David Gonzalo Villalva Fonseca
Universidad Tecnológica Indoamérica, Ambato, Ecuador
davidvillalva@indoamerica.edu.ec
https://orcid.org/0000-0003-4168-5344
Resumen
El presente articulo científico examina los avances y desafíos en relación con la protección
constitucional de las personas con VIH en Ecuador, partiendo desde una perspectiva integral de
derechos humanos. Con ayuda de una metodología cualitativa, se analiza la evolución que ha
tenido el marco jurídico constitucional ecuatoriano y su efectividad para garantizar los derechos
primordiales de esta población que ha sido históricamente vulnerada. La investigación parte desde
un análisis de las disposiciones constitucionales que han sido relevantes, particularmente aquellas
contempladas en la constitución de Montecristi del 2008, y su posterior desarrollo a través de
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legislaciones secundarias, políticas públicas y jurisprudencia relevante nacional e internacional
que se aplique. De acuerdo con el estudio esta evidencia avances significativos en relación con el
reconocimiento formal de derechos, como lo han sido, el acceso universal de tratamientos
retrovirales, la prohibición de discriminación y la garantía de confidencialidad, sin embargo
también se revela brechas sustanciales entre el marco normativo y su aplicación como tal del
mismo, ya que se constata disparidades importantes de acuerdo con el acceso a mecanismos de
protección constitucional entre zonas rurales y urbanas, así como también los grupos
socioeconómicos.
Palabras clave: VIH, derechos constitucionales, Ecuador, derechos humanos, discriminación,
políticas públicas
Abstract
This scientific article examines the advances and challenges in relation to the constitutional
protection of people with HIV in Ecuador, starting from a comprehensive human rights
perspective. Using a qualitative methodology, it analyses the evolution of the Ecuadorian
constitutional legal framework and its effectiveness in guaranteeing the fundamental rights of this
population, which has been historically violated. The research starts from an analysis of the
constitutional provisions that have been relevant, particularly those contemplated in the 2008
Montecristi Constitution, and their subsequent development through secondary legislation, public
policies and relevant national and international jurisprudence. According to the study, there is
evidence of significant progress in relation to the formal recognition of rights, such as universal
access to retroviral treatment, the prohibition of discrimination and the guarantee of
confidentiality, but it also reveals substantial gaps between the normative framework and its
application as such, as there are significant disparities in access to constitutional protection
mechanisms between rural and urban areas, as well as socio-economic groups.The study concludes
that, while our country has made significant progress in relation to the protection of people living
with HIV, it requires some notable efforts to realise these rights in the practice of everyday life.
Keywords: HIV, constitutional rights, Ecuador, human rights, discrimination, public policies
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Introducción
De acuerdo con las organizaciones internacionales como los son UNUSIDA, OMS, entre otras
más que destacan dentro del ámbito de derechos humanos, el Virus de Inmunodeficiencia Humana
(VIH) representa unas de las problemáticas significativas en lo que concierne dentro del ámbito
de salud pública a nivel mundial, no solo por las implicaciones medicas que conlleva, sino que
también por las profundas repercusiones a nivel social, económico y jurídico. En nuestro país al
igual que diferentes países de Latinoamérica, las personas que viven con VIH se han visto
históricamente dentro de escenarios de discriminación, estigmatización y a la vulneración de forma
sistemática de sus derechos fundamentales, misma situación que ha puesto la necesidad urgente
de desarrollar marcos normativos y mecanismos jurídicos efectivos para su optima protección.
Ahora si bien, la constitución del 2008 de Montecristi, representó un avance notable al
establecer nuestro país como un estado constitucional de derechos y justicia, mismo que reconoce
los derechos como un pilar principal, la materialización de estos principios fundamentales para las
personas seropositivas continúa siendo una odisea pendiente la cual merece especial atención
desde el entorno jurídico y los espacios de investigación científica. La presente investigación surge
como una respuesta ante la necesidad de examinar de forma critica el desarrollo, implementación
y efectividad de los diversos mecanismos en materia constitucional dirigidos para la protección de
este grupo de personas con vulnerabilidad.
De acuerdo con la constitución de la República del Ecuador la cual ha sido reconocido a niveles
internacionales por su carácter garantista y su enfoque de derechos, establece en su Art. 11 numeral
2, la prohibición de discriminación por razones de salud, teniendo en cuenta otras categorías
también y enfatizando la no discriminación por VIH, consagrando así la obligación a nivel estatal
de adoptar medidas de acción enfocadas para promover la igualdad real de las personas que se
encuentren en condiciones de desigualdad en torno a derecho. Asimismo, a la vez reconoce el
derecho a la salud como uno de los derechos fundamentales el cual está vinculado de forma directa
al ejercicio de otros derechos garantizando la atención prioritaria a personas en situación de doble
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vulnerabilidad. No obstante, la brecha que existe entre el reconocimiento formal y la aplicación
del mismo dentro del sistema actual con las personas con VIH constituye un eje problemático el
cual motiva esta investigación.
Para solventar el propósito de esta investigación, se estableció objetivos específicos, los cuales
están orientados desde una investigación cualitativa a examinar el marco constitucional
ecuatoriano en materia de protección de derechos a personas con VIH, identificado así los
principios, derechos y garantías aplicables que están dirigidos a este grupo de personas en
condición de vulnerabilidad.
El estudio se enmarca de una investigación de carácter jurídica dogmática y socio jurídica la
cual consta de elementos de investigación comparada. En relación su dimensión dogmática, esta
analiza el contenido y alcance de las normas constitucionales y legislación secundaria que estén
relacionadas con la protección a personas con VIH, mientras tanto desde la perspectiva socio
jurídica examina la efectividad de las garantías de carácter constitucional en la práctica social y la
experiencia vivida por las personas que tienen el diagnostico. Adicional, se incorpora elementos
comparados que contrastan el marco jurídico ecuatoriano con estándares internacionales de
derechos humanos y a la vez experiencias constitucionales de otros países latinoamericanos en
materia de protección a personas con VIH, lo que permite identificar buenas prácticas y áreas de
mejora para el sistema constitucional ecuatoriano.
Desarrollo
2.1. Evolución histórica del abordaje del VIH desde la perspectiva de los derechos humanos
El abordaje del VIH (Virus de Inmunodeficiencia Humana) desde el punto de vista de derechos
humanos ha experimentado cierta transformación que ha causado cierto paradigma desde los
primeros casos de epidemia. Inicialmente, las respuestas a nivel institucional se caracterizaban
directamente a enfoques biomédicos restrictivos y medidas de control sanitario, las cuales de
manera frecuencial vulneraban los derechos fundamentales de las personas afectadas. De acuerdo
con esta aproximación inicial generó algunos marcos normativos que fueron discriminatorios los
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cuales legitimaron la exclusión social y estigmatización de aquellos grupos de poblaciones en
especifica.
Ahora bien, la consolidación que ha llevado el enfoque de los derechos humanos en lo que
respecta al contexto del VIH, surge como resultado de la movilización de la sociedad civil de la
mano con el reconocimiento progresivo de que las respuestas efectivas a la epidemia cuenten con
el respeto, protección y garantía de los derechos fundamentales. De acuerdo (Gruskin, Mills, &
Tarantola, 2007) argumenta que:
La experiencia que se ha vivido mundialmente ha demostrado que las respuestas ante el
VIH basadas en derechos humanos, no solo son imperativas, sino que también
medicamente efectivas, ya que las mismas reducen la vulnerabilidad, facilitan el acceso a
servicios y por ende promueven la participación comunitaria dentro de estrategias de
prevención y tratamientos. (p.444)
Este cambio importante se consolidó a través de instrumentos internacionales como lo son;
las directrices internacionales sobre el VIH/SIDA y Derechos Humanos en donde se ha visto
involucrada la ONUSIDA y de mas organizaciones de caracteres no gubernamentales, los cuales
han establecido ciertos estándares peculiares los cuales garantizan la protección a personas con
diagnóstico de VIH.
2.2. Marco constitucional y normativo de protección a personas con VIH
2.2.1. Principios constitucionales aplicables a la protección de personas diagnosticadas con
VIH
La Constitución del año 2008 instaura un marco jurídico de naturaleza garantista el cual mismo
reconoce a la dignidad humana como unos de los principios fundamentales. Según (Ávila
Santamaría, 2011) “la Constitución de Montecristi sostiene cierto paradigma constitucional el cual
privilegia los derechos sobre las instituciones, estableciendo así al estado como garante de los
derechos fundamentales” (p. 156). Este enfoque resulta de una forma relevante paras las personas
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quienes viven con este diagnóstico, cuales han enfrentado de una forma histórica la discriminación
y exclusión social.
Ahora bien, el principio de no discriminación se encuentra estipulado en el articulo 11 numeral
2 de nuestra constitución, constituye en si la base normativa para la protección de derechos de este
grupo de personas. Como expresa (Grijalva Jiménez, 2012):
El principio de igualdad y no discriminación estipulada en nuestra constitución
ecuatoriana, no se limita simplemente a una concepción formal, sino que la misma
incorpora de cierto modo una dimensión material la cual obliga al Estado a adoptar medidas
las cuales sean afirmativas para así poder garantizar la igualdad real de las personas las
cuales están en situación de vulnerabilidad. (p.89)
Esto significa que constitucionalmente el estado ecuatoriano textualmente tiene como prioridad
el poder garantizar el trato digno a las personas sin importar su condición de cualquier tipo, al ser
generativo se incluye personas con diagnósticos de VIH.
2.3. Derechos fundamentales reconocidos constitucionalmente
En el ámbito constitucional, el derecho a la salud se encuentra debidamente establecido en el
artículo 32 de la constitución, obtiene relevancia especial para las personas que viven con VIH.
(Ávila Santamaria, 2012) destaca que, “el derecho a la salud dentro del constitucionalismo
ecuatoriano se caracteriza por su integridad abarcando no solo la atención médica, sino que
también, la prevención, promoción y rehabilitación” (p.15). De acuerdo con esta concepción
integral se permite una protección la cual es más amplia a las personas seropositivas.
Es por tal que, la confidencialidad médico-paciente, como un componente de derecho a la
intimidad, se encuentra fundamentada en el artículo 66 numeral 20 de la constitución ecuatoriana.
Según (Terán Vintimilla, 2024), “la protección a la intimidad dentro de lo que concierne al ámbito
sanitario constituye un derecho fundamental a las personas con VIH, mantener el control sobre su
información médica, para así evitar el estigma social y por ende la discriminación” (p.134).
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2.4. Garantías constitucionales específicas para grupos vulnerables
Las garantías constitucionales están establecidas dentro de su cuerpo legal constitucional,
proporcionan mecanismos los cuales son específicos para su protección. De acuerdo con (Reyes
Mantuano, Vanegas Maigon, & Alfonso Caveda, 2024) expresan que, “las garantías
constitucionales en Ecuador han evolucionado hacia un sistema capacitivo integral en la cual
incluye garantías normativas, políticas públicas y jurisdiccionales, estableciendo así un entramado
de protección múltiple” (p.16)
Conjuntamente de esto en lo que respecta a las garantías constitucionales de estas se
desprenden tres así mismo contempla las garantías jurisdiccionales las cuales dentro de aquellas
se contempla las acciones de protección, esta a su vez está regulada bajo el artículo 88 de nuestra
carta magna, se convierte en un mecanismo o por bien llamarla una herramienta la cual sirve para
la defensa de personas con VIH. Como indica (Benavides, 2016)
La acción de protección, ha demostrado ser uno de los instrumentos mas eficaces y
efectivos para tuteles de derechos que se han vulnerado a personas con VIH, especialmente
en casos de discriminación laboral, negación de servicios de salud o violación de la
confidencialidad médica. (p. 166)
2.5. Análisis comparativo del abordaje del VIH en Ecuador vs Colombia
La comparación de acuerdo a como se aborda el VIH constitucionalmente en Ecuador y Colombia,
revela algunas diferencias que son de carácter significativas con relación a los enfoques de
protección. Según (Konrad Adenauer Stiftung, 2019), “mientras que en Ecuador adopta un enfoque
garantista integral, Colombia ha desarrollado un sistema que ha sido fragmentado, pero con
desarrollos jurisprudencial especifico en casos de VIH” (p.156)
En lo que respecta al sistema de justicia colombiano, este ha demostrado un desarrollo en la
protección judicial efectiva. (Barranco Avilés, 2013) argumenta que, “Colombia destaca con mas
de 200 sentencias de tutelas efectivas en materia de VIH, a favor de los solicitantes, lo que ha
generado un corpus jurisprudencial más robusto a comparación del ecuatoriano” (p.140)
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Por otra parte, la experiencia colombiana en el litigio estratégico ofrece valiosas lecciones.
Como señala (Baldeon Navarrete, 2025):
Colombia ha demostrado ciertas estrategias que han sido valiosas dentro del litigio del
impacto del VIH, especialmente a través de acciones de tutelas, logrando así precedentes
mismo que han transformado políticas públicas de manera más eficientes y efectivas que
los mecanismos ecuatorianos. (p. 32)
Las diferencias con las que cuentan los sistemas de salud también impactan de cierta forma la
protección constitucional. (Baldeon Navarrete, 2025) explica que, “el sistema de salud
colombiano, mismo el cual se basa en aseguramiento, ha generado desarrollo jurisprudencial
específico sobre la portabilidad de tratamientos y continuidad, misma que Ecuador podría adoptar”
(p. 33)
Análisis jurisprudencial de la protección constitucional
3.1. Decisiones relevantes de la Corte Constitucional Ecuatoriana
La Corte Constitucional ecuatoriana ha desarrollado un margen jurisprudencial progresista en
materia de protección de personas que viven con el diagnóstico VIH. (Zamora Izurieta, 2018)
observa que, “las decisiones de la Corte Constitucional han establecido precedentes importantes
para la interpretación de derechos fundamentales en casos de VIH, especialmente en materia de
discriminación laboral y acceso a servicios de salud” (p. 28)
De acuerdo con la (Sentencia 080-13-SEP-CC, 2013), esta constituye un hito a nivel
jurisprudencial al establecer criterios específicos para la protección laboral como lo son la
protección a la vulneración de derechos por condiciones de salud de personas con VIH y a la no
revictimización en procesos judiciales. En este caso el actor, demandó la acción de protección
contra la municipalidad de Samborondón, de acuerdo a un despido bajo la motivación de salud, ya
que el accionante es portador de VIH y de acuerdo a las sentencias de primera instancia no estaba
en optima salud para desarrollar el cargo de Abogado de terrenos en dicha municipalidad.
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A esto se interpuso un recurso una apelación el cual fue desestimado y finalmente se logró
salvaguardar la garantía de acción extraordinaria de protección. En donde mediante sentencia se
comprueba la vulneración de derechos por parte de la entidad hacia el actor y se condena la
reintegración laboral del mismo más una indemnización por los daños morales. (Morales Bonilla,
2025), Abogada experta de derecho constitucional expresa que, “esta decisión marcó un
precedente fundamental al declarar que el despido por condición de VIH constituye una grave
discriminación prohíba constitucionalmente”.
Así mismo en lo que respecta a sentencias constitucionales en temas de vulneración por
discriminación a personas con VIH, lastimosamente no tenemos variedad a diferencia de las
doscientas con las que cuenta Colombia, sin embargo, los pocos casos que se ha resuelto mediante
vías de protección de garantías constituciones o jurisdiccionales, han sido resueltos a favor del
accionante, prevaleciendo el derecho.
Uno de los últimos casos resueltos bajo esta controversia de discriminación por VIH, es la
(Sentencia 1776-17-EP/24, 2024), que fue interpuesto bajo la naturaleza de acción de protección,
en 2013, en donde un agente de CTE (Comisión de Tránsito del Ecuador) a quien por derecho de
protección de identidad llamaremos EP, interpuso dicho recurso en donde se argumenta la
vulneración de derecho a la igualdad y no discriminación, a la estabilidad laboral reforzada y a la
intimidad del accionante, quien fue dado de baja por “su condición de salud” y expuesto mediante
un cartel informativo en su lugar de trabajo explicando el motivo de desintegración vulnerando así
su derecho a la intimidad.
Mediante un estudio de caso se determinó que el derecho al debido proceso también fue
vulnerado ya que su apelación al despido ante el órgano de justicia competente se mantuvo durante
cerca de 4 años, debido a esto y a los acontecimientos se determinó aceptar su acción de protección
y se condenó a una indemnización por un valor de 30.000 USD, más sumarios administrativos a
los jueces encargados del proceso en instancia inferiores,
Con estos casos mencionados se ha comprobado que en Ecuador si existe la protección de
derechos en relación a este grupo de personas con VIH, sin embargo, está protección es lenta y
tardía, a comparación con otros modelos de países vecinos, y que sus desarrollos de casos a favor
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son pocos, pero favorables en cierto modo, otras sentencias tenemos de ejemplo la Sentencias 016-
16-SEP-CC, 980-17-EP/21, las cuales discrepan con la actualidad. Es decir que del hecho al
derecho no se resuelven en tiempo y forma.
3.2. Criterios de interpretación constitucional en casos de discriminación
El criterio interpretativo desarrollado por la Corte Constitucional los cuales son la celeridad
procesal y oportuna de cierta forma han fortalecido la protección contra la discriminación.
(Espinoza, 2021) argumenta que, “la interpretación constitucional en casos de discriminación por
VIH ha adoptado un enfoque le cual es de naturaleza evolutiva que considera no solo el texto
constitucional, sino que también la realidad social y estándares internacionales” (p. 170)
De acuerdo con la presunción de discriminación en casos de VIH, esta ha sido un desarrollo
desde el marco jurisprudencial significativo. De acuerdo con (Galiano Maritan, 2024), “la Corte
Constitucional ha establecido que cuando se alega discriminación por VIH, corresponde al
presunto discriminador demostrar que sus acciones obedecieron a motivos legítimos y
proporcionales” (p. 99)
3.3. Estándares de protección reforzada para personas con VIH
En lo que respecta al desarrollo del concepto de protección reforzada esta es la forma de protección
de manera más eficiente y centrada que está dirigida a este grupo de personas misma la cual ha
sido fundamental contribuirlo dentro de la jurisprudencia constitucional ecuatoriana. (Guaman,
2025), señala que, “la Corte Constitucional ha reconocido que las personas con VIH requieren
cierta protección reforzada debido a su condición de vulnerabilidad y estimada social que enfrentan
actualmente” (p. 100)
La aplicación de estándares de protección reforzada implica algunos criterios que sean de
naturaleza mas estricta para así poder evaluar posibles violaciones de derechos. Como explica
(José Luis Nieto Espinosa, 2017)
La protección reforzada significa que cualquier actuación de naturaleza estatal ya sea
pública o privada misma que pueda afectar los derechos de personas con VIH debe ser
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sometida a un escrutinio mas riguroso, invirtiendo la carga probatoria y aplicando el
principio a favor libertatis. (p.8)
De acuerdo con lo que manifiesta el autor al estar expuesto este grupo de personas a diferentes
tipos de vulneraciones de derechos, se lleva a cabo que en los casos que existan vulneración de
derechos de entidades públicas o privadas, (como lo estudiamos los casos mencionados
anteriormente), la carga probatoria será invertida es decir que, la entidad deberá comprobar que no
se vulneraron los derechos.
3.4. Impacto de la jurisprudencia constitucional en la práctica judicial
El dominio de la jurisprudencia constitucional en sus subrogados tribunales inferiores ha sido
progresivo. De acuerdo con lo que expresa (Baldeón Navarrete, 2025) “las decisiones que ha
tomado la Corte Constitucional han permeado de forma gradual la práctica judicial ordinaria,
generando así una mayor sensibilidad hacías los derechos de las personas con VIH” (p. 28)
Tomando en consideración el efecto de irradiación de la jurisprudencia constitucional, este a su
vez ha fortalecido la protección judicial partiendo desde el respeto y consolidando las garantías
esenciales como persona, por lo tanto, la jurisprudencia en materia constitucional como lo es en
su sentencia No. 080-13-SEP ha creado un marco interpretativo mismo el cual orienta a los jueces
ordinarios en la aplicación de derechos fundamentales de personas que conviven con el VIH,
generando así mayor uniformidad de las decisiones judiciales.
Políticas públicas y mecanismos de protección
4.1. Estrategias nacionales de prevención y atención del VIH
En lo que concierne dentro de las políticas públicas ecuatorianas estas han evolucionado hacia
enfoques integrales de prevención y atención. Partiendo de este hecho (Villa Mocha, 2025) destaca
que, “las estrategias nacionales de VIH en Ecuador han transitado partiendo desde modelos
biomédicos hacia aproximaciones basadas en derechos humanos, incorporando así principios de
no discriminación y participación comunitaria” (p. 14)
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La estrategia nacional que ha se ha venido completando respecto a esta problemática de salud
VIH 2018- 2022 como son la consentización hacia el estigma, talleres de salud en derecho,
representa un avance significativo con respecto al enfoque de derechos. Tomando en consideración
que la estrategia nacional como lo es la concientización hacia el estigma de las personas
seropositivas incorpora de forma explícita los principios de derechos humanos, estableciendo
metas específicas para la reducción de la discriminación y estigma asociados al VIH.
4.2. Mecanismos de protección contra la discriminación laboral
Los mecanismos de protección en el área laboral han sido fortalecidos mediante políticas públicas
específicas, esto con la ayuda de precedentes jurisprudenciales en materia de vulneración de
derechos por VIH, los cuales ya hemos tratado casos en líneas anteriores. Con la precedencia de
estos casos resueltos por la corte constitucional en donde se ha resuelto acciones de protección a
favor de los accionantes en contra de entidades de servicio público y privado contratantes. Como
señala (Guerrero, 2019) “las políticas públicas han desarrollado protocolos específicos para
prevenir la discriminación laboral por VIH, incluyendo mecanismos de denuncia, investigación y
sanción” (p. 189)
Por otra parte, los programas de sensibilización laboral han sido de gran ayuda como una
estrategia importante para la sensibilización en el caso, estos han ayudado a reducir el estigma y
la discriminación, aunque persisten desafíos en su implementación efectiva.
4.3. Participación significativa de las personas con VIH en políticas públicas
El principio de participación significativa de las personas que conviven con VIH en el diseño,
implementación y evaluación de políticas públicas, constituyen cierto elemento central en lo que
respecta dentro del enfoque de Derechos Humanos. Este principio conocido como “Mayor
Participación de Personas que Viven con VIH/SIDA” (MIPA, por sus siglas en ingles), fue
interpuesto por primera vez en la cumbre de parís de 1994 y posteriormente incorporado en
diversos instrumentos internacionales.
La participación de forma significativa trasciende de la mera consulta por lo que requiere un
involucramiento efectivo de este grupo de personas vulnerables en todos los niveles de toma de
decisiones que afecte sus o el desarrollo de sus vidas. Como establece (ONUSIDA, 2007):
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La participación significativa implica que las personas que conviven con VIH tienen la
oportunidad, el derecho, la responsabilidad y la capacidad de participar de forma activa en
un intercambio continuo de información, dialogo, toma decisiones y acciones en donde
estas afecten sus vidas y la vida de sus comunidades de manera personal y social. (p.4)
Este enfoque tiene su fundamento en el reconocimiento de que las personas con VIH poseen
conocimientos y experiencias únicas e irremplazables sobre las realidades de vivir con la
condición, los obstáculos para acceder a servicios y las estrategias más efectivas para abordar las
necesidades específicas de esta población.
Desafíos y perspectivas futuras
5.1. Brechas entre el marco normativo y la realidad práctica
Las brechas existentes entre el marco normativo y la implementación práctica de su cuerpo legal
constituyen unos de los principales desafíos en la actualidad. (Zambrano, 2021) observa que,
“existe cierta distancia que es considerable entre los avances normativos y constitucionales y la
realidad cotidiana que se vive las personas con VIH, especialmente en términos de acceso efectivos
a derechos y servicios” (p. 156)
La falta de mecanismos que sean efectivos de exigibilidad contribuye a esta brecha. Como
expresa (Peña, 2022):
Las dificultades para hacer exigibles los derechos reconocidos constitucionalmente se
manifiestan en la persistencia de prácticas discriminatorias, barreras de acceso a servicios
y limitaciones en el acceso a la justicia con VIH. (p.189)
5.2. Disparidades territoriales en el acceso a protección constitucional
Las disparidades en el ámbito territorial de nuestro país han representado un desafío de carácter
significativo en lo que respecta a la equidad en la protección constitucional. (Molina, 2022)
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argumenta que, “existe una marcada diferencia en lo que respecta el acceso a servicios de salud,
mecanismos de protección y recursos jurídicos entre zonas urbanas y rurales” (p. 167)
La concentración de los servicios especializados en centros urbanos genera algunas
inequidades, debido a que esta concentración de estos servicios de atención a VIH en las
principales ciudades limita el acceso a personas que viven en zonas rurales o alejadas, creando así
barreras geográficas para el ejercicio de derechos constitucionales.
5.3. Retos en la implementación de políticas públicas inclusivas
Las perspectivas que se visualicen a futuro requieren enfoques que sean integrales y a la vez
sostenibles. (Nieto Espinosa, 2017) señala que, “la implementación efectiva de políticas públicas
que sean inclusivas requiere de ciertas transformaciones a nivel institucional, capacitación del
personal ya asignación de recursos específicos que aún no se han materializado por completo” (p.
14)
La coordinación a nivel interinstitucional constituye un desafío particular para la óptima
aplicación del mismo, ya que la fragmentación institucional y la falta mismo de su coordinación
entre sus diferentes niveles de gobierno limitan la efectividad de las políticas públicas que están
dirigidas a las personas con VIH.
Resultados
A través de la presente investigación se ha logrado constatar que Ecuador ha experimentado
avances que han sido significativos dentro del reconocimiento formal de derechos para personas
con VIH, partiendo desde la promulgación de la constitución del 2008. El análisis desde el punto
de vista del marco constitucional y normativo permite identificar que la constitución de Montecristi
emplea un sistema garantista integral el cual reconoce la dignidad humana como un principio
fundamental, mientas que el articulo 11 numeral 2 prohíbe de forma explícita la discriminación
por razones de salud. Asimos, se puede verificar que el articulo 32 garantiza el derecho a la salud
misma que sea de forma integral, abarcando no solo la atención médica, sino que también la
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prevención, promoción y rehabilitación, lo cual resulta importante para las personas que conviven
con esta enfermedad.
Adicionalmente en la presente investigación se confirma que el articulo 66 en su numeral 20
protege la confidencialidad médico-paciente como componente esencial del derecho a la
intimidad, estableciendo así un marco normativo robusto para la protección de esta población
vulnerable.
Dentro del desarrollo de la presente investigación se puede constatar que la acción de protección
la cual está contemplada en el artículo 88 de nuestra carta magna se ha consolidado como uno de
los mecanismos efectivos para la defensa de derechos vulnerados de personas con VIH. Este
análisis revelo que se ha establecido un sistema de protección múltiple el cual incluye garantías
normativas, políticas públicas y jurisdiccionales, en donde se implementa de forma efectiva el
principio de protección reforzada para personas de grupos de situación de vulnerabilidad. Esto
permite comprender que el marco constitucional ecuatoriano proporciona herramientas jurídicas
sólidas para la protección de los derechos fundamentales de las personas que viven con este
diagnóstico.
En lo que respecta al análisis jurisprudencial realizado, en este se permite identificar un
desarrollo progresista por parte de la Corte Constitucional ecuatoriana, en la protección de
derechos de personas con VIH. Específicamente se puede constatar que dentro de la Sentencia
080-13-SEP-CC del 2013 se estableció un precedente fundamental en materia de protección
laboral, declarando que el despido intempestivo por condición de VIH constituye una forma de
discriminación muy grave y constitucionalmente prohibida.
En lo que respecta a este tema se puede identificar que la Corte Constitucional ha desarrollado
criterios interpretativos específicos que fortalecen la protección de personas con VIH. Constaté
que se ha establecido una presunción de discriminación en casos relacionados con VIH, invirtiendo
la carga probatoria y obligando al presunto discriminador a demostrar la legitimidad de sus
acciones. Este análisis también revela que la aplicación consistente de los principios pro homine y
favor libertatis, así como el reconocimiento de estándares de protección reforzada que requieren
un escrutinio más riguroso de cualquier actuación que pueda afectar los derechos de esta población.
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Finalmente, esta investigación permite identificar desafíos institucionales importantes que
limitan la efectividad de la protección constitucional. Constaté la existencia de fragmentación
institucional y falta de coordinación entre diferentes niveles de gobierno, lo cual afecta la
implementación coherente de políticas públicas dirigidas a personas con VIH.
También se puede verificar la necesidad de capacitación especializada del personal que trabaja
con esta población, así como la urgencia de asignar recursos específicos que aún no se han
materializado completamente. Estos hallazgos permiten comprender que, si bien Ecuador ha
logrado avances significativos en el reconocimiento formal de derechos, la materialización
efectiva de los mismos requiere esfuerzos adicionales en múltiples dimensiones del sistema de
protección constitucional.
Conclusiones
La investigación ha demostrado que en Ecuador se ha experimentado avances que han sido
significativos en el contexto de la protección constitucional de las personas con VIH desde la
promulgación de la constitución del 2008, estableciendo así un estado garantista de derechos. Sin
embargo, persisten brechas sustanciales entre el reconocimiento formal y la materialización de los
mismos en la práctica cotidiana, evidenciado así la necesidad de esfuerzos adicionales para lograr
una protección que sea integral efectiva y eficaz.
Respecto al desarrollo jurisprudencial, aunque limitado el número de casos a comparación con
experiencias regionales como Colombia, el desarrollo jurisprudencial ecuatoriano ha sido
constantemente favorable a los derechos de las personas con VIH. La Corte Constitucional ha
establecido precedentes importantes en materia de discriminación laboral, protección reforzada e
inversión de carga probatoria. Contribuyendo a la consolidación de estándares de protecciones
específicos.
Respecto a las políticas públicas, se ha observado una evolución positiva desde el punto de
enfoque biomédico restrictivos hacia aproximaciones integrales las cuales se basan en derechos
humanos. La incorporación del principio de participación significativa y el desarrollo de
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estrategias nacionales específicas demuestran un compromiso institucional con la protección de
derechos, aunque su implementación efectiva requiere fortalecimiento.
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